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Hallan sólidos indicios de tortura durante la investigación del caso de Ayotzinapa en México

UNIC Mexico

(19 Marzo) En su reporte “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos  indica que ha encontrado sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se le habría detenido arbitrariamente y torturado. Estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento.

En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley. 

Los hechos se remontan a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México y la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas.

El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estos hechos está bajo investigación.

El informe pide al ejecutivo mexicano que ponga en práctica la recomendación del Alto Comisionado de crear un Consejo Asesor de lucha contra la impunidad encargado de “proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.

El informe también recomienda al poder legislativo elaborar una reforma constitucional que garantice la “independencia, autonomía y profesionalismo” de la Fiscalía General de la República.

Puedes ver las demás recomendaciones a México del Alto Comisionado aqui