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La policía de Honduras usó una fuerza excesiva y letal para reprimir las protestas, informó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Tegucigalpa

(13 Marzo) Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país señala que en la respuesta a las protestas tras las elecciones se cometieron graves violaciones de los derechos humanos. La muerte de siete personas por disparos en la cabeza "podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales". 

El informe reporta las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente, el 27 de enero, y señala que al menos veintidós civiles y un agente de policía murieron durante las protestas.  Dieciséis de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, resultaron muertas por disparos de las fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de otras quince personas antes de las elecciones, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas. 

Además, 1351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre. Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación. 

Este lunes se ha instalado una mesa técnica de diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive el país, después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido.

En febrero, a petición del Gobierno, la ONU envió a Tegucigalpa una misión exploratoria que señaló que era necesario iniciar un diálogo. Desde entonces, las Naciones Unidas en Honduras han sostenido reuniones bilaterales con los distintos partidos políticos que hoy se sientan juntos por primera vez.