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América Latina y el Caribe necesitan de manera urgente un acuerdo legalmente vinculante sobre los derechos ambientales

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(27 Noviembre) Expertos de derechos humanos de la ONU urgen a los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo firme sobre derechos ambientales, que incluya los derechos a la información, participación y acceso a la justicia. Los expertos dijeron que es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

El llamado se produce con ocasión de la reunión de Estados de América Latina y el Caribe en la capital chilena, Santiago, con motivo de su octava ronda de negociaciones para alcanzar acuerdos regionales en asuntos ambientales, auspiciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la  Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.   

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, felicitó los esfuerzos realizados por los Estados durante los últimos años, pero afirmó que es imperativo que finalicen su labor mediante la adopción de un tratado jurídicamente vinculante para la región. Consecuentemente, la mayoría de Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación del principio 10. 

"La adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente", afirmaron los expertos.

Así mismo, señalaron que es necesario que el acuerdo incorpore en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, tales como impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento.

El experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos Juan Pablo Bohoslavsky añadió: "Espero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales".

Según los expertos, el acuerdo es particularmente importante debido a que esta es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales. Sólo en 2016, más de 100 defensores ambientales fueron asesinados en la región. "Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente", subrayó Knox. "Este acuerdo sería un salto adelante en ese esfuerzo crucial".