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Experta en derechos humanos de la ONU urge al Gobierno de El Salvador a proteger a la población de las pandillas

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21 Agosto - La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, fue invitada a El Salvador durante este mes de Agosto a petición del Gobierno para evaluar la situación de los desplazados internos en el país debido a la violencia relacionada con bandas criminales. Durante su visita, la Reportera, se reunió con representantes oficiales, personal de la ONU y otros socios humanitarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y con desplazados.

De acuerdo con la experta en derechos humanos “El Salvador está sufriendo una tragedia imperceptible de gente que ha tenido que abandonar sus hogares debido a los altos niveles de violencia pandillera. Las bandas controlan los territorios a través de amenazas, intimidaciones y una cultura de violencia que infecta a comunidades enteras. Los asesinatos son comunes y la corrupción está ampliamente extendida”.

“Jóvenes, mujeres y niñas son particularmente vulnerables a amenazas, intimidaciones y este tipo de violencia, incluyendo violaciones” observó la experta. “Esta situación no es debida solamente a violencia entre pandillas ya que en algunos casos es el resultado de maniobras opresivas por parte del ejército y la policía” añadió.

La Reportera Especial de la ONU destacó la necesidad que hay de crear estadísticas oficiales para revelar la magnitud total del problema. Estimaciones sugieren que miles de personas abandonan sus hogares cada año, pero no se sabe el número exacto. Muchos desplazados buscan el anonimato y se convierten en ‘víctimas invisibles’, mientras que otros buscan refugio en el extranjero debido a la falta de protección y asistencia proporcionada en El Salvador.

La experta en derechos humanos reconoció positivamente las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la violencia y asistir a las víctimas, como el ‘Plan El Salvador Seguro’, pero recalcó que estas medidas eran insuficientes para afrontar la escala actual del problema. “El problema es mucho mayor y más amplio de los que el Gobierno está aceptando actualmente” añadió, urgiendo al Gobierno a continuación a intensificar los esfuerzos para proteger a estos colectivos.

Los hallazgos y las recomendaciones de la Relatora Especial durante su visita a El Salvador serán incluidos en un informe  del Consejo de Derechos Humanos en Junio 2018.