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"La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas"

Pablo de Greiff

23 May 2017 - El experto en justicia transicional de las Naciones Unidas Pablo de Greiff le recordó a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo” y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo. “El Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy –a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años desde el regreso de la democracia– siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”, recalcó el Sr. de Greiff.

“Si bien la Proposición del Congreso, no es de obligatorio cumplimiento, las recomendaciones de mi informe se fundamentan en las normas del derecho internacional de los derechos humanos que sí son normas vinculantes”, dijo. Las declaraciones del Relator Especial de la ONU se producen tras la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados de una Proposición sobre Memoria Histórica que urge al Gobierno de España a tomar medidas aún pendientes en favor de la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. El Relator Especial indicó que la Proposición hace referencia a varias de las recomendaciones pendientes que le había presentado al Gobierno de España en su informe de 2014. “Las exhumaciones y la identificación de los restos, son medidas urgentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos y actos importantes que contribuyen a la reparación de las víctimas y sus familiares”, explicó el experto.

“El Valle de los Caídos, por ejemplo, sigue simbolizado la asimetría de antaño en la memorlialización de la guerra y las victimas, y la más reciente falta de acción del Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente”, indicó. El experto en derechos humanos señaló que, en su estado actual, el sitio no proporciona ningún tipo de información o señalización para explicar la simbología franquista y fascista. “No se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica, ni por qué Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil”. “Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares”, expresó.

El Sr. de Greiff también recordó que la nulidad de las sentencias –incluyendo sentencias de muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo, es otra de las medidas de reparación pendientes y urgentes. “No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho,” resaltó. “Es necesaria una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación”, recalcó el Relator Especial. “Se trata de derechos humanos, no de política partidista”. “La fortaleza de una democracia se mide, entre otros, por su capacidad de gestionar reclamos válidos de las víctimas, independientemente de consideraciones políticas o de afiliación, y de garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, por más dolorosos que sean” recalcó el Relator Especial, reiterando su confianza en las instituciones y en la sociedad española y su gran capacidad para satisfacer estos derechos. El Relator Especial de la ONU invita al Estado español a reportar sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de su informe.

 Prisión

ARGENTINA. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria manifestó su preocupación por la selectividad del sistema de justicia penal argentino en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales. “Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, una delegación del grupo declaró al finalizar su segunda visita oficial a la Argentina para evaluar situaciones de privación de la libertad en el contexto del sistema de justicia penal, las discapacidades psicosociales y la migración. “Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas”, expresaron los expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte. “Exhortamos a las autoridades argentinas a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas.”

La delegación señaló que la policía tiene amplias facultades de detención y que se usa en exceso la prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría. “A menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas. No obstante, las comisarías no están equipadas para tal fin y el personal policial no es idóneo ni se encuentra capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios”, enfatizó el grupo. “Alentamos a las autoridades a aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en condiciones de hacinamiento, lo que en sí mismo sería una forma de castigo”, señalaron.   El Grupo de Trabajo observó que, en el caso de menores de edad, la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde en la Argentina. “Durante nuestra visita, recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”.

También destacaron la situación de los denominados ‘pacientes sociales’ o personas con discapacidad psicosocial que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales como para poder vivir con sus familias o en la comunidad y, por ende, están confinados a instituciones psiquiátricas durante años e inclusive décadas, sin perspectivas reales de liberación. En relación con la detención de migrantes, el Grupo de Trabajo lamentó la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2017, que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina N° 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “La detención de migrantes debe ser excepcional, y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado”, agregaron los expertos. Del 8 al 18 de mayo, el Grupo de Trabajo visitó la Ciudad de Buenos Aires, así como las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, donde mantuvo reuniones con las autoridades federales y provinciales y realizó consultas con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Visitó 19 centros de privación de la libertad y entrevistó a unas 200 personas alojadas en dichas instituciones. En septiembre de 2018, el Grupo de Trabajo presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.